Las subvenciones fantasmas del estado cubano

Subvenciones fantasmas

Desde 1967, ningún trabajador cubano sabe cuánto le retienen del salario bruto por concepto de seguridad social, salud, educación y defensa.

Miguel A. García Puñales, Madrid | 09/01/2009

¿De dónde obtiene un Estado los recursos de que dispone? En los tiempos que corren esta es una buena pregunta, pues los anuncios desde La Habana sólo son más de lo mismo.

En un Estado totalitario como el cubano, dueño absoluto de todos los medios de producción e, incluso, de una buena parte de las propiedades personales de la población, no quedan otras opciones que tres fuentes bien identificadas: la plusvalía que arranca a todos los trabajadores del país, los préstamos privados de la banca internacional o directamente de otros Estados (que a la corta se convierten en deuda externa consolidada), y las inversiones lícitas o ilícitas en el extranjero.

Sin embargo, las últimas noticias obligan a limitarse a la primera y más importante fuente de recursos del gobierno cubano: la feroz explotación económica a la que se somete a los ciudadanos.

Los últimos discursos de Raúl Castro y de otros altos funcionarios del gobierno, que buscan culpar de la ineficiencia a los trabajadores, vaticinan aún peores tiempos para la población. Es absurdo —aunque surte efectos por lo repetitivo del discurso— suponer que el Estado cubano subvenciona realmente algo en el país.

Cualquier Estado, con economía de mercado, obtiene recursos básicamente a través de la exacción de impuestos. Esto es así porque los medios de producción y el producto de la acumulación derivada de la actividad productiva, se encuentran en manos privadas. De manera tal que cuando un área necesita apoyo económico —como está ocurriendo en la actual crisis financiera internacional—, el Estado acude con sus recursos obtenidos mediante impuestos a dar soporte o estabilidad a dichos sectores. Ocurre casi de forma universal y sistemática con el transporte público y la agricultura, dada la alta incidencia de estos campos en el desempeño social.

En estos casos, el Estado redistribuye una parte de los beneficios de la actividad económica nacional, de los cuales se ha apropiado previamente, para poder mantener el aparato estatal y el gobierno como forma de organización nacional.

Mientras tanto, el Estado totalitario asume la función de empresario total del entramado económico nacional. De esta forma, la clásica fórmula Dinero-Mercancía- Dinero (D-M-D), a la que hace referencia Carlos Marx en el Tomo I de su obra El Capital, es aplicada en el caso cubano no por un empresario capitalista "sediento de ganancias", sino por la única empresa del país, el Estado.

Si la plusvalía sigue siendo —según el criterio marxista— "el nuevo valor creado del que no participa la clase trabajadora", entonces no es necesario dar más vueltas de hojas. Absolutamente todos los fondos de que dispone el Estado cubano provienen de la expropiación de aquella parte del fruto del trabajo de la cual no da participación al trabajador, con el pretexto cansonamente argumentado que el Estado se encarga de redistribuir socialmente la plusvalía, a la cual, por cierto, no llama por su nombre.

¿Canasta básica subvencionada?

Uno de los argumentos utilizados en los últimos discursos es el que pretende convencernos de que los productos alimenticios que se venden mediante la cartilla de racionamiento —mal llamada "libreta de abastecimientos" o "canasta básica"— son subvencionados por el Estado. Este es un argumento falso.

Desde la congelación de los salarios nacionales en 1962 (desde esa fecha no se efectúa ninguna corrección salarial seria que contemple el incremento del Índice de Precios al Consumo, IPC), los productos de la cartilla de racionamiento, junto a las tarifas de servicios públicos básicos, son los únicos precios que se mantienen "acordes" con el salario devengado por los trabajadores.

Por tanto, la decisión estatal de no corregir los salarios, se corresponde con la también decisión estatal de cobrar los productos y servicios básicos que vende —escasos y de mala calidad— de acuerdo con el salario nominal que paga. No existe subvención posible, toda vez que la diferencia de precios que el Estado abona por obtener en el extranjero los productos o materias primas necesarios, ya han sido aportados mediante la plusvalía arrancada al trabajador.

Sólo si el Estado considera la riqueza nacional como una propiedad de la clase gobernante, se explica tanta insistencia —casi histérica— en la imposibilidad de "subvencionar" el hambre. Otra cosa es que el demostradamente ineficiente, botarate y voluntarioso empresario estatal capitalista cubano —es decir, el gobierno— no reconozca su crónica incapacidad económica, guiada únicamente por fines ideológicos y de permanencia en el poder.

En estos cincuenta años han experimentado todo lo que han querido, y más. Viraron patas arriba la economía de un país tradicionalmente próspero y destruyeron la ganadería importando vacas Holstein holandesas, para terminar llevando búfalos de agua vietnamitas. Intentaron desecar la Ciénaga de Zapata —principal humedal del Caribe— y tuvieron en el tintero la posibilidad hacerlo con la plataforma insular que media entre la Isla de Pinos y La Habana. Destruyeron buena parte de la capa vegetal del país, especialmente de la sabana camagüeyana, mediante una "invasión" militar con tanques de guerra que arrastraban gigantescas cadenas con bolas de acero.

En fin, sería interminable la historia de cómo convirtieron el país en una extensión del "patio de mi casa".

Impuestos ocultos

Lo peor y menos conocido por las actuales generaciones de trabajadores, a los cuales ahora se amenaza con nuevos impuestos, es que, además de la plusvalía que le arrancan sin remisión, ya pagan impuestos sobre el salario. Sólo que desde 1967, mediante la aplicación de la Ley 1170 del Comité Estatal del Trabajo y Seguridad Social, las nóminas de los trabajadores dejaron de reflejar las diferencias entre salario bruto y neto, en aras de una supuesta "lucha contra el burocratismo".

De esta forma, el trabajador sólo sabe la cantidad que le pagan —el neto—, pero nunca cuánto le retienen del salario bruto (en algunos casos hasta el 40%) por conceptos de seguridad social, salud pública, educación, defensa, vacaciones, etcétera. Por supuesto que cualquier obrero cubano cree que no paga impuestos.

Algunos incrementos de los astronómicos precios del "mercado libre" comenzaron por ser contribuciones "temporales", por ejemplo, para los "damnificados del ciclón Flora", allá por el lejano 1964, cuando subieron los precios de los cigarrillos y de la cerveza. ¿Habrán terminado ya, en 2009, de ayudar a los damnificados?

El círculo vicioso trazado no es más que eso: la serpiente que se muerde la cola. No se trabaja con productividad porque el salario es puramente simbólico (incluso con los "aumentos" del último año) y no habrá incremento salarial hasta tanto no haya productividad. El sistema será ineficiente hasta que no se liberalice la economía; pero esto es para La Habana como la cruz para el vampiro.

http://www.cubaencuentro.com/es/opinion/articulos/subvenciones-fantasmas-145984